Corre plazo para dejar las invasiones y existe apatía por salir de ellas

Ambrosio Tuabanda, riobambeño de 45 años, tenía 35 cuando llegó a vivir a la cooperativa Poder de Dios, asentada en una zona montañosa del noroeste de la ciudad. De buena fe, dice, compró un terreno por $ 1.000 a Balerio Estacio Valencia, asambleísta constituyente por PAIS en el 2007 y que hoy enfrenta un juicio por invasión a la propiedad privada.

La casa de Tuabanda es de tablas, de dos pisos, techo de zinc, y en ella puso una tienda. La vivienda de su hijo, a una cuadra de distancia, quien también habita en esa zona hace diez años, es de cemento, pero de la estructura inicial solo queda una habitación, la que le dejaron para vivir mientras deja definitivamente esas tierras.

Corría febrero de este año cuando a la cooperativa Poder de Dios llegó maquinaria de la Intendencia de Policía del Guayas a efectuar desalojos, dentro de un proceso que empezó el 28 de diciembre del 2010 con la declaratoria de área de seguridad a una extensión de 9.300 hectáreas, que dio inicio a lo que el presidente Rafael Correa denominó lucha contra las invasiones y contra quienes las promueven. De ahí que Estacio, su hermano Tony, Marcos Solís Briones, Sergio Toral Erazo, entre otros ‘promotores de tierras’, enfrentan procesos judiciales por tráfico de predios.

Hasta el 2013, el Gobierno prevé la salida de 3.622 familias asentadas en las cooperativas Ciudad de Dios, Marcos Solís, Sergio Toral (etapas 1 y 2), Tierra Prometida, Tierra Nueva, Marco Moroni, entre otras. Para los habitantes dio como alternativa la reubicación en el plan habitacional Ciudad Victoria, en el mismo sector.

En dieciocho meses la Intendencia ha efectuado más de 1.000 desalojos, pero apenas 36 familias de la zona de invasiones se han mudado a Ciudad Victoria, según Diana España, quien residía en la cooperativa Ciudad de Dios y es líder de su manzana en la urbanización. Ella afirma que al menos quince familias que vivían en la zona de invasiones prevén mudarse a la urbanización hasta el 26 de julio próximo en que el presidente Correa visitaría la zona.

Ambos grupos suman 51 familias, una minoría frente a las 800 que el Gobierno preveía reubicar hasta finales del 2011, según declaró en enero de ese año el entonces ministro de Vivienda, Walter Solís.

Actualmente el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), que da $ 5.000 de bono para la compra de una casa, ejecuta un censo en las invasiones para agilizar el proceso. En los próximos días difundirá información en los exteriores del campamento militar instalado en el sitio. Este Diario solicitó información del proceso, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Los desalojos han cesado. No los hay desde inicios de abril pasado, según habitantes que afirman que ellos vigilan que no se levanten nuevas casas para que no retornen los militares. Una moradora de Ciudad de Dios, que vende almuerzos en la vereda de su casa, opina que los desalojos se detuvieron porque se viene un año político y no conviene al presidente Correa “pelearse con el pueblo”.

En el enlace del 26 de mayo pasado, el mandatario remarcó que no tolerará más invasiones y habló de la decisión que habrá que tomar respecto a un área invadida de Monte Sinaí para catalogarlo como consolidado o no. Si es lo primero se legalizará, si no se reubicará a las familias asentadas, refirió Correa. 

La mudanza a Ciudad Victoria, que cobra cuotas mensuales por las casas de entre $ 77 y $ 85, no está en planes de los esposos Édgar Chávez y Viviana Carrillo. Poseen una vivienda de cemento en Ciudad de Dios, en donde viven hace cinco años. Tienen una despensa y no ven conveniente pagar cuotas mensuales más el alquiler de un local para su negocio.

Mercedes Rivera, madre de dos niños, quien vive en la cooperativa Sergio Toral, etapa 2, junto con su esposo y su mamá, dice que no tiene los recursos. Su casa es de madera. La de su hermano Fabián, continua a la suya, era de cemento. Fue reducida a escombros una vez que él se mudó junto con su esposa, Nelly Bermeo, a Ciudad Victoria. “Ellos sí pueden pagar. Son solo dos y ambos trabajan”, señala y agrega que no le conviene “irse a una casa pequeña”.

La urbanización tuvo sus primeros habitantes el 13 de febrero pasado, un día antes de que Correa encabece el acto de entrega de 54 casas. Ahí el mandatario destacó que el Gobierno promueve un cambio de cultura en cuanto a vivir en zonas con servicios básicos y remarcó que las familias saldrán del área de invasiones sin dar plazos.

cortesía: Diario El Universo.